El juez penal de Río Grande Raúl Sahade ordenó medidas de prueba, tres meses después de las primeras denuncias por presunto abuso sexual contra el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, a la vez que citó por segunda vez a prestar declaración testimonial a tres de las cuatro supuestas víctimas del caso.

Sahade ordenó el pasado viernes 23, en una resolución que trascendió ayer, el libramiento de un oficio a las empresas de telefonía celular Claro, Movistar y Personal, para que corroboren la titularidad de la línea utilizada por Melella, y le pidió a la compañía que corresponda un listado de las llamadas y mensajes de texto, entrantes y salientes, de ese número telefónico, desde noviembre de 2016 a octubre de 2018.

El magistrado también dispuso la realización de pericias informáticas sobre los aparatos telefónicos aportados por los tres primeros denunciantes: los trabajadores de la construcción Mario Lovera, Damián Rivas y Jerónimo Suasnabar. Y lo mismo sobre el teléfono del ex colaborador del intendente, Hugo Moya, y una amiga de éste, Norma Gauto.

En cada caso, el juez pidió rescatar los llamados, mensajes de texto, o de Whatsapp, audios, video o fotografías intercambiados entre los denunciantes y Melella, incluso los que pudieron haber sido borrados y puedan recuperarse, y los que pudieron haber sido adulterados.

En cuanto a Moya, se requirió, además los intercambios con Gauto, ya que según postula la defensa del intendente, el ex jefe de serenos del municipio le contó a la mujer que estaba intercambiando la información que poseía sobre Melella, con funcionarios del Gobierno provincial.

Moya declaró como testigo en el expediente y afirmó que le llevaba hombres mayores de 50 años al despacho y al departamento del jefe comunal. Dijo que se trataba de gente desempleada a la que el funcionario le prometía trabajo a cambio de favores sexuales.

En ese sentido, Sahade, le solicitó a la División Delitos Complejos de la Policía de la Provincia que acceda a cámaras de seguridad ubicadas en las proximidades de uno de los departamentos de Melella, y que obtenga las imágenes grabadas en el período que va de enero a octubre de este año, algo improbable de conseguir si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde la primera denuncia.

Por otra parte, el juez ordenó que el Banco de Tierra del Fuego informe las cuentas bancarias de Lovera en esa institución, y el historial de movimientos desde noviembre de 2016 a marzo de 2018. Ello porque Lovera denunció que Melella le depositó dinero para que viajara a la provincia a trabajar junto a otras personas. Por eso es que también se requirió el nombre de los titulares de cuentas que hayan depositado o transferido dinero a la cuenta del denunciante.

En relación al Municipio, Sahade dispuso una orden de presentación para que el funcionario que corresponda remita una serie de documentación de interés para la causa (se resguarda el detalle para no entorpecer el éxito de la medida).

También se pidió aclarar cuál fue la relación contractual que tuvo Moya con la municipalidad.
En otro orden, el magistrado libró oficio a la radio FM Aire Libre de Río Grande para que remita la grabación de la entrevista realizada por el periodista Daniel Puebla al abogado Alejandro De la Riva, el pasado 22 de octubre, donde el letrado se refirió a que había sido consultado en su estudio por uno de los denunciantes (Rivas) y que decidió no tomar el caso porque le pareció que la denuncia tenía fines extorsivos.

Otra vez los denunciantes

Por último, el juez Sahade citó a prestar declaración testimonial por segunda vez a Lovera, Rivas y Suasnabar.
Lovera fue citado para el próximo jueves 29 a las 9 de la mañana; Rivas para el viernes 30, y Suasnabar para el lunes 3, ambos a la misma hora.

En este sentido, el magistrado hizo lugar a un pedido de la defensa de Melella, ejercida por el abogado Francisco Ibarra, quien había requerido la declaración de los denunciantes por no haber participado de los testimonios prestados con anterioridad, y por considerar que ello vulneraba el derecho a la defensa de su cliente.

Sin embargo, la medida es polémica, porque en delitos de índole sexual, la justicia ha considerado que la reiteración de las declaraciones puede revictimizar a las personas afectadas, y que por eso deben ser resguardadas.

Pese a ello, el juzgado no solo los vuelve a llamar, sino que hasta el momento no ha dispuesto medidas de contención psicológica o social, como sucede en todos los casos cuando las presuntas víctimas son mujeres o menores de edad.