El electo gobernador, Gustavo Melella va por otra medida para beneficiar a los empleados públicos. Hace unos días contamos que tiene decidido derogar lo antes posible el paquete de leyes de reforma jubilatoria. Volvería la jubilación a los 55 (hombres) y 50 (mujeres), aunque no regreserán los 25 inviernos, y continuaría el cálculo en base a los últimos 120 meses. Vale mencionar además que la actual legisladora y futura vicegobernadora, Mónica Urquiza, logró implementar la movilidad automática.

Ahora la ley que intentará sacar y ya tendría los votos de la nueva legislatura, es la que reconocerá la antigüedad de los ex beneficiarios de planes sociales que ingresaron formalmente al Estado a partir de las leyes 661 y 668, mejor conocidas como “Megapase”.

En los últimos días ingresó en la legislatura el proyecto que fue presentado por Gustavo García, director por el sector Activo en el IPAUSS.
Pero quien está detrás es la electa legisladora por FORJA, Mónica Acosta, y quién ya tiene la palabra de Gustavo Melella de trabajar para pulir la misma, que los votos están para acompañar esta medida y que no la vetará.

De esta manera Melella quiere comenzar desde el minuto uno quiere tener una relación excelente con el empleado público y estas son algunas medidas que quiere tomar apenas tome el mando de la provincia a gracias a una legislatura donde tendrá una mayoría por distintos acuerdos que cerró.

De acuerdo al proyecto, que contiene nueve artículos, el reconocimiento de los años de antigüedad deberá ser comprobado a través de la Secretaría General de Gobierno, con participación del área Legal y Técnica.

Se deberá establecer la fecha real de ingreso de cada beneficiario de un plan social; las tareas realizadas; la dependencia en que cumplió funciones, así como “toda otra circunstancia que acredite la real fecha de ingreso y las tareas realizadas”.

Concluido ese procedimiento “se elevarán cada una de las actuaciones y los informes respectivos”, detallando cuántos agentes son alcanzados por los alcances del proyecto de Ley.

Luego, el Ministerio de Economía dispondrá de un plazo máximo de tres meses de finalizado el procedimiento “a fin de determinar el monto total a devengar en concepto de aportes y contribuciones previsionales”.

Dicho de manera más sencilla: una vez comprobada la fecha real de ingreso al Estado, se deberá calcular el monto que cada uno de esos beneficiarios no aportó al sistema previsional. Fijado el monto, siempre bajo su consentimiento, el Estado podrá descontarlo de su salario hasta un máximo de 72 cuotas.
Para esta suerte de moratoria, como base de cálculo “se tomarán los porcentajes establecidos por la normativa vigente en materia previsional, como así también el total de la escala que le correspondía a una categoría 10 del Escalafón Seco”.

Según el proyecto, el Ministerio de Economía tendrá dos meses como máximo para realizar la determinación de los montos que los ex beneficiarios de planes sociales adeudan por aportes previsionales.

“Los agentes podrán solicitar una Certificación de Servicio y Remuneraciones a su empleador a partir de los seis meses de iniciado el primer devengado y hasta completar con lo que le correspondiere como parte de la presente ley”, agrega el proyecto.
García asegura que se busca atender “la necesidad de los trabajadores y trabajadoras que ingresaron por la Ley N° 661 y 668 de ser reconocidos en su antigüedad por el Estado, ya que muchos de ellos prestaron servicios con planes de empleo en distintas áreas de la administración pública durante años, no computando antigüedad ni aportes a la jubilación”.