La denuncia contra el intendente Gustavo Melella con el correr de las horas va sumando más capítulos, y muchos funcionarios ya comienzan a mostrar preocupación. Esto se traduce en órdenes a los empleados de las distintas dependencias municipales, a quienes ahora les prohíben utilizar algunas palabras que aparecen en la causa.

En las últimas horas hubo una reunión de gabinete y fuentes presentes en la misma confiaron a Primer Argentino los pormenores del cónclave. Entre los que tomó la palabra estuvo el coordinador de Gabinete, Agustín Tita, quien dijo que si este caso se esclarece “es para matarse” y que “pensemos en nuestras familias, como seguimos adelante”. Además, de acuerdo a las fuentes, agregó que si esto ocurre “nos tenemos que ir todos de la isla”, dando por sentado que los hechos que se denuncian son reales.

Un reconocido abogado cercano a Melella, quien tuvo acceso a la causa, dijo incluso que el intendente "está al horno" por la evidencia que existe en su contra. Por esto, los funcionarios municipales y los pocos aliados que van quedando comienzan a analizar un escenario en el que Melella no esté presente en las elecciones, ya sea por no tener posibilidades, o por juicio político.

Quién también mostró su preocupación -y más aún por estar mencionada en la causa- es la directora General de la Administración de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio, Ayelén Barboza. En los audios, el intendente Melella la menciona como la encargada de hacer los pagos y contratos a las personas que luego hicieron la denuncia por acoso. Nuestra fuentes aseguraron conocer su personalidad, y que “ella no pasaría una declaración, está muy asustada, donde la interroguen un poco cuenta todo”, y que esto último preocuparía al intendente.

En un momento de la reunión se barajó la idea de realizar una caravana para el regreso de Melella, pero muchos se mostraron en contra de la misma, “si esto es verdad, que hacemos?, ni loco voy, como miro después a mí familia, a mis hijos”, dijo uno de los presentes. Finalmente Melella fue acompañado sólo por unos pocos colaboradores, tal como se observa en las fotos de su entrada a tribunales. Las multitudes que el intendente esperaba sólo existían en su imaginación, tal como comprobó.

Por su parte, el gerente de la Agencia Municipal de Deportes, Diego Lasalle, prohibió a los empleados utilizar la palabra “Papi”, ya que aparece en varias oportunidades en los distintos audios del intendente. Esta medida la tomó luego de escuchar a empleados en los pasillos, utilizarla en tono de burla, y amenazó con sanciones en caso de escucharla nuevamente. “Están re perseguidos”, nos dijo un empleado.

No olvidemos que existen otras personas mencionadas en la causa. Una de ellas es Fabián Daldi, el valijero de Melella, que no pecó de lento ni perezozo y en lo que canta un gallo desapareció de la isla. En estos momentos se econtraría en la provincia de Mendoza. El esquema sistemático de depredación sexual incluiría la búsqueda de potenciales víctimas sexuales en actos y recorridas, a las que se le ofrecía trabajo, generalmente poniéndolos en contacto con el custodio Hugo Moya. Luego, en las "citas laborales", las víctimas se encontraban con que para poder ser beneficiarios de esas ofertas laborales debían cumplir los deseos sexuales del intendente.

No sólo se trataba de pedidos, sino de tocamientos y manoseos sin consentimientos, siempre haciendo abuso de su situación de poder, y la situación de indefención de los hombres que en general se encontraban en estado de indigencia. Los acosos no se detenían allí, ya que en algunos casos, después de haber hecho los trabajos, el intendente exigía acciones sexuales para poder recibir los pagos.

Este actuar sistemático, que incluyó acoso sexual, abuso sexual, abuso de poder y autoridad, extorsión, uso indebido de los recursos públicos entre otros delitos, permaneció oculto durante tanto tiempo por la sensación de indefensión de las víctimas, que incluso llegaron a expresar "quién le va a creer a un pobre peón". El intendente, conociendo la situación de crisis económica del país, se aprovechaba de las necesidades de gente que venía de otras provincias y que no tenía recursos para vivir, lo cual vuelve a este esquema de depredación extremadamente perverso. 

Cuando algunos de los obreros que se animaron a hablar comenzaron a exigir que el intendente les pagara los trabajos de construcción realizados, el intendente intentó obtener rédito sexual, lo cual no ocurrió ya que las víctimas se negaron a verse ultrajadas nuevamente en su dignidad sexual. Cuando el tema subió de tono, el intendente habría utilizado a su "valijero" Fabián Daldi, empleado del Concejo Deliberante, para efectuar sobornos a cambio de silencio. Pero esta vez, habia personas que mas allá de su necesidad, no estaban dispuestas a aceptar más vejaciones, por eso pudo salir a la luz este caso.