El jefe de la Interpol, la actriz más famosa de China, un fotógrafo galardonado tres veces con el prestigioso premio World Press Photo, un pastor protestante, tres canadienses… Ni sus cargos ni el escándalo internacional los han librado de ser detenidos en China. O, más bien, «secuestrados» por el Estado.

Sin noticias de ellos desde hace semanas o meses, todos están siendo investigados por el autoritario régimen de Pekín, que puede hacerlos desaparecer legalmente en un auténtico agujero negro. Sin avisar a jueces, fiscales, abogados, ni familiares, la ley permite a las autoridades el confinamiento de sospechosos hasta seis meses bajo la denominada «Vigilancia Residencial en Ubicación Designada». Tras dicho eufemismo se oculta un siniestro «Archipiélago Gulag» con centros de detención e interrogatorios donde han sido encerrados disidentes, abogados especializados en derechos humanos y activistas sociales, pero también magnates multimillonarios y hasta artistas.

Pekín ha dicho que dos de esos tres canadienses serán investigados por «dañar la seguridad nacional»
El caso más notorio es el de Fan Bingbing, la estrella más cotizada del cine chino tras Jackie Chan y famosa por aparecer en las sagas de «X Men» y «Iron Man». A pesar de su fama, se evaporó en verano durante tres meses, hasta que resurgió para confesar que había evadido impuestos y tenía que pagar una multa de 884 millones de yuanes (110 millones de euros).

Su reaparición coincidió con la detención de Meng Hongwei, el ya dimitido jefe de la Interpol. Arrestado a finales de septiembre tras llegar a Pekín procedente de Lyon, sede de este organismo policial internacional, lo único que se sabe es que está siendo investigado por aceptar sobornos. Así lo reconocía el Ministerio de Seguridad Pública chino en octubre, varios días después de que su esposa denunciara a la Policía francesa que no tenía noticias suyas y la Interpol pidiera explicaciones. Un emoticono con un cuchillo fue el último y preocupante mensaje que recibió su mujer antes de que se lo tragara la tierra. A sus 64 años, con cuatro décadas de experiencia policial y un puesto como viceministro de Seguridad, Meng ha caído en las garras de la campaña anticorrupción con la que el presidente chino, Xi Jinping, ha purgado a más de millón y medio de funcionarios desde 2012.

Conflicto diplomático
En plena guerra comercial con Estados Unidos por los aranceles de Trump, han desaparecido tres canadienses después de que la hija del fundador de Huawei y vicepresidenta de la compañía, Meng Wanzhou, fuera detenida en Vancouver por una orden de extradición pedida por un tribunal de Nueva York, que la investiga por haber intentado violar las sanciones contra Irán. En medio de dicho conflicto diplomático, Pekín ya ha anunciado que dos de esos tres canadienses están siendo investigados por «dañar la seguridad nacional», lo que suena a represalia por el arresto de Meng Wanzhou. Pero, mientras esta ha contado con un abogado y ha sido puesta en libertad bajo fianza, de los canadienses no se sabe absolutamente nada.

Igual suerte ha corrido Wang Yi, un pastor protestante detenido este mes junto a un centenar de feligreses e investigado por subversión contra el Estado, lo que puede costarle entre cinco y quince años de cárcel.

También se desvaneció en la nada el abogado Wang Quanzhang, apresado en la masiva redada de julio de 2015 contra los letrados de derechos humanos. Su caso aparece denunciado en el libro «La República Popular de los Desaparecidos», donde una decena de activistas cuentan los abusos sufridos en prisiones secretas. Uno de ellos fue el sueco Peter Dahlin, que instruía a abogados chinos y a quien ni su pasaporte extranjero le salvó de «desaparecer» 23 días en enero de 2016.

Campos de reeducación
Ignorando las críticas internacionales, el régimen chino sigue ampliando sus campos de reeducación para los uigures, la población autóctona de la remota región occidental de Xinjiang que profesa el islam, habla una lengua emparentada con el turco y aspira a la independencia. Aunque Pekín había negado la existencia de dichos campos, donde se calcula que tiene encerrados a un millón de prisioneros, en octubre les dio base legal para, en teoría, luchar contra el integrismo islámico. «Los gobiernos a nivel de condado y superiores pueden establecer organizaciones de educación y transformación, y supervisar departamentos como escuelas de formación profesional, para educar y transformar a la gente que ha sido influida por el extremismo», reza la nueva legislación de esta región.

Con la excusa de combatir el terrorismo yihadista y el independentismo, China lleva a cabo una distópica campaña de represión en Xinjiang. Además de campos de reeducación, hay controles policiales con análisis del iris, cámaras de vigilancia capaces de reconocer las caras, «aplicaciones espía» en los móviles y comisarios políticos viviendo en las casas como si fueran de la familia.