A dos semanas de finalizar su mandato presidencial, Mauricio Macri lanzó un decreto para garantizar la estabilidad de los cargos directivos nombrados en el Estado por un plazo de cinco años. Así, muchos funcionarios que fueron nombrados bajo el actual gobierno permanecerán en su cargo al menos un año más bajo la gestión de Alberto Fernández. 

Firmado por el presidente saliente, el jefe de Gabinete saliente, Marcos Peña, y el ministro de Trabajo y Producción saliente, Dante Sica, las directivas del decreto alcanzan a funcionarios nombrados en concursos realizados durante el gobierno actual y el anterior, en general directores generales y coordinadores. 

Esta resolución de Macri determina también que los que ocupen tales cargos tendrán los mismos beneficios que los agentes de la planta permanente, se les aplicará una escala salarial diferenciada y superior al escalafón vigente en el sistema de empleo público, y podrán ser indemnizados con un monto equivalente a los sueldos del tiempo que resta para completar el plazo total de cinco años de empleo en caso de ser despedidos. Así, un director general ubicado en el rango más bajo podría recibir una indemnización de más de 10 millones de pesos si ingresó este último año y es cesado en sus funciones.

Repudio de los gremios

"Mediante esta normativa, Mauricio Macri pretende modificar las prioridades que el nuevo Gobierno ha señalado en la campaña y después de su triunfo", denunció desde su cuenta de Facebook Luciano Fernández, secretario gremial de ATE Capital. 

El gremialista advirtió que el presidente "pretende que sus propios funcionarios que fueron designados a dedo y en excepción al cumplimiento de los requisitos para el cargo, se queden aún después del 10 de diciembre" y aseguró que ATE pondrá "a disposición de Alberto Fernández" la "voluntad como organización para postergar la entrada en vigen

 Paralelamente, en un comunicado, la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) también se sumó al repudio. "Tan detestable y malsano como la falta de prudencia es el oportunismo que por otro lado algunos practican con arrogancia habitual, suscribiendo acuerdos espurios que buscan beneficiar sus propios e inconfensables intereses, muy alejados de la defensa de los derechos de los agentes estatales", señalaron en un comunicado.