miércoles 08 de julio de 2020 - Edición Nº1567
Primer Argentino » ARGENTINA » 18 jun 2020

Judiciales

Un fiscal propuso condena de 10 meses de prisión a detenido por 7 casos de manoseos en la vía pública, el tribunal lo rechazó y recusó a los mismos jueces

Se trata del resonante caso en que el año pasado fue detenido un empleado municipal, vinculado a al menos siete ataques callejeros a mujeres que fueron manoseadas. El fiscal del caso propuso una omisión de juicio proponiendo una pena de 10 años de prisión que la defensa aceptó, pero los jueces consideraron ínfima, y allí se desató este enfrentamiento judicial.


TAGS: ABUSO, ACUSADO

El caso se remite al empleado municipal de 40 años, Claudio Antonio Guerrero Villarroel, detenido a fines de agosto del año pasado en relación a una investigación policial que reunió varios episodios de acoso contra mujeres en la vía pública, en el sector céntrico de la ciudad de Río Grande.

Guerrero Villarroel fue detenido y procesado en medio de un amplio rechazo social que generó el caso, trascendiendo allí incluso que llevaba años con otro proceso judicial abierto por una presunta violación intrafamiliar, sobre la cual incluso aún no hay juicio realizado.

Pero el Tribunal de Juicio Oral de Río Grande ya había fijado fecha para el 22 de junio próximo a fin de realizar el proceso por esta serie de ataques, en la causa 818/20, la cual semanas atrás tuvo una presentación del fiscal Jorge López Oribe, pidiendo la “omisión de debate”.

Este proceso implica evitar la realización del juicio, proponiendo la fiscalía una pena un poco menor a la expectativa en juicio, con el acuerdo de la defensa, para finalmente resolver el Tribunal.

En ese proceso López Oribe solicitó una pena de 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo, la cual incluso ya estaría cumplida con el tiempo que Guerrero Villarroel lleva transcurrido en la Unidad de Detención.

Rechazo de los jueces y recusación

La propuesta fiscal al momento de ser analizada por los jueces, tuvo un amplia rechazo de los Dres. Daniel Borrone y Eduardo López, que consideraron la falta de proporcionalidad de la condena a tratar en base a los hechos imputados. Cabe destacar que en la omisión de debate el tribunal no puede ir más allá de la pena propuesta por el fiscal.

Ante ello el Tribunal de Juicio rechazó la propuesta de omisión y ratificó el juicio para el 22 próximo. Esto tuvo una reacción judicial importante desde la fiscalía, ya que el Dr. López Oribe presentó casación contra esta decisión de rechazo a la “omisión” pero incluso fue mas allá, recusando a los jueces para seguir actuando en el caso al considerar que “prejuzgaron” sobre el caso.

Ahora el Superior Tribunal de Justicia deberá evaluar la casación y un nuevo tribunal conformarse y considerar si la recusación planteada es pertinente. Difícilmente el caso llegue a juicio el 22 como está planteado, antes que se resuelvan estas cuestiones.

Criterios dispares en la fiscalía

Una vez más, y tal cual se vislumbró la semana pasada en condenas de otros tribunales, resulta llamativo el criterio que utilizan los fiscales del Distrito Judicial Norte al momento de mensurar los pedidos de condena en estas omisiones de debate.

Lo que no suele suceder en los juicio orales y públicos, donde es visible la uniformidad y debe justificarse el criterio con que se evalúan los montos de pena; desaparece totalmente en estas omisiones de debate donde los montos de condena se piden con anárquicas decisiones.

En el caso del fiscal López Oribe con este mismo tribunal, incluso se planteó una situación similar en otro caso de Violencia de Género, donde otro pedido de condena de este fiscal fue considerado exiguo en otra omisión de debate, encontrándose actualmente también en casación.

Una operatividad judicial, de tantas, realmente a revisar o consensuar.

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