Coronavirus
La carta del Gobierno contra Rusia expuso los problemas de la campaña de inmunización
El documento que le escribió Cecilia Nicolini al fondo de inversión que envía las Sputnik dejó al descubierto la desesperación de la Casa Rosada en cuestiones clave para gestionar la pandemia.
Detrás de la carta que la asesora presidencial Cecilia Nicolini le envió a Anatoly Braverman, mano derecha de Kirill Dmitriev, CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa, se esconden una serie de motivos que preocupan y mucho al Gobierno .
El principal de estos tiene que ver con la necesidad de inocular con la segunda dosis de la Sputnik V a las personas mayores de 60 años que desde hace más de 90 días esperan el segundo componente ante el peligro que representa la aparición de la variante Delta de coronavirus.
Hasta el momento llegaron a la Argentina 11.868.830 dosis de Sputnik V, de las que 9.375.670 corresponden al componente 1 y 2.493.160 al dos. En otras palabras, unas 6.882.510 personas deberán aplicarse la segunda dosis para completar su esquema de inoculación. Se estima que buena parte de las personas que recibieron las Sputnik V son personas mayores de 60 años, lo que complica aún más el panorama.
El Gobierno no publica oficialmente cuántas dosis 1 y 2 se aplicaron actualmente con este suero, aunque la información que dejan trascender diversas fuentes indica que el número de ciudadanos que ya pasaron la ventana de los 90 días ronda las 800 mil personas. Este grupo debería recibir de manera urgencia la segunda dosis para estar aún más protegida de la variante Delta.
“Como le mencioné hoy, estamos en una situación muy crítica . Nosotros teníamos la esperanza de que, después de la conversación que tuvimos tú, Carla, Kirill y yo un par de semanas atrás, las cosas iban a mejorar. Pero han empeorado”, sostiene la funcionaria en la carta dirigida a las autoridades rusas.
Falta de documentación para su uso en menores
Otro de los motivos que llevaron a Nicolini a enviar la carta a las autoridades rusas fue la necesidad de contar con urgencia con la documentación del Instituto Gamaleya sobre la aplicación en menores de edad. “Le pedimos a su equipo que comparta un protocolo para uso pediátrico que nos permita ejecutar un estudio aquí, pero todavía no recibimos nada”, lanzó la asesora presidencial. Este malestar del Gobierno obedece a que la cuestión pediátrica fue uno de los elementos que llevaron a la Casa Rosada a modificar por decreto la Ley de Vacunas con el objetivo de conseguir los sueros de los Estados Unidos. Es que Pfizer ya está aprobada para su uso en menores de edad y Moderna está a punto de recibir el visto bueno de la FDA.
“Recientemente emitimos un decreto presidencial que nos permite firmar contratos con empresas americanas y recibir donaciones de los Estados Unidos. Las propuestas y entregas son para este año y también incluyen vacunas pediátricas, lo que es otra ventaja”, lanzó la funcionaria en la carta, lo que muchos interpretaron como una amenaza para Rusia. La cuestión geopolítica fue el tercer elemento que motorizó el reclamo de Nicolini.
Este cuadro de situación provocó un terremoto interno en el Frente de Todos: hasta el propio Máximo Kirchner se animó a cuestionar el acuerdo con las firmas de los Estados Unidos, todo una muestra de que la Casa Rosada siempre se inclinó por la opción rusa para combatir el coronavirus. El hecho de que Gamaleya no haya enviado los documentos sobre su uso en menores empujó a la Casa Rosada a tener que cerrar tratos con firmas norteamericanas para dar respuesta al reclamo de los padres de los 150 mil jóvenes con comorbilidades que esperan una vacuna.
Incluso, en un tramo de la carta la funcionaria desliza que debido a los incumplimientos de Rusia, varios integrantes del Gabinete nacional han “soportado persecuciones legales como funcionarios públicos debido a estas demoras, poniendo en riesgo nuestro Gobierno”.
Ratificó la veracidad de la carta ya que manifestó que “el contenido es cierto”. En un intento de bajar el tono de las expresiones del documento consideró que “no es una amenaza” la advertencia de que se podría dar de baja el convenio. Planteó: “No es una amenaza, se vio en Europa con los reclamos a AstraZeneca por los retrasos. No lo pondría en el marco de una amenaza, uno tiene que defender el interés nacional”.