miércoles 06 de julio de 2022 - Edición Nº2295
Primer Argentino » ARGENTINA » 20 may 2022

"Negociado fúnebre": denuncian vínculos de la justicia y legisladores con servicio de sepelio

Tierra del Fuego: el periodista Ramonet denunció vínculos de la Justicia y legisladores con un "negociado fúnebre" de más de 500 millones de pesos anuales.


La Cámara de Comercio de Ushuaia manifestó su preocupación porque el Superior Tribunal, a un día del vencimiento del plazo, aún no se expidió sobre la insólita Ley que bendice un negociado de proporciones entre el Estado provincial y la Cooperativa Eléctrica de Río Grande.

A sólo un día de que venza el plazo para que el Superior Tribunal se expida sobre la constitucionalidad de una Ley sancionada por la Legislatura, que pretende cobrar a cada fueguino en la factura de energía eléctrica un ítem para subsidiar a la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, por un servicio de sepelio social, obviamente no hay ningún tipo de novedad y la Ley va camino a su entrada en vigencia. 

Mientras tanto, se creó una petición en la plataforma Change.org para dar de baja el cobro de este servicio en la factura de electricidad, la cual ya fue firmada por un gran número de personas. (Link para firmar la petición: https://www.change.org/p/no-al-cargo-por-sepelio-en-la-factura-de-electricidad-en-tierra-del-fuego )

Desde la Cámara de Comercio de Ushuaia, entidad que presentó una medida cautelar por este tema, su vicepresidente Daniel González advirtió en Noticia de Tapa Radio: “No tenemos respuesta”, a menos de 24 horas del vencimiento del plazo. La Ley cuestionada fue aprobada sobre tablas y por unanimidad en diciembre de 2021. 

El respetado periodista Gabriel Ramonet denunció en el diario Noticia de Tapa que "los legisladores Damián Loffler, Pablo Villegas y Ricardo Furlan (tres de los quince votantes) tienen una estrecha relación con el Juez del Superior Tribunal de Justicia Ernesto ¨Nene¨Löffler. Damián es su hermano y tanto Villegas como Furlan lo votaron en el Consejo de la Magistratura. Además, Löffler designó al yerno del propio Furlan como uno de sus relatores, apenas terminado el escándalo concurso en donde ¨Nene¨ Löffler su seleccionado".

Por su parte, González adelantó que en el muy probable caso de no obtener respuesta de parte del STJ, “seguramente busquemos alguna otra alternativa y sigamos planteando el tema para resolverlo”

En virtud de la espontánea reacción de vecinos de Ushuaia que ya se organizan para juntar firmas en oposición a la antojadiza y a todas luces perjudicial norma, también habló de sumar el acompañamiento de la Cámara: “Si hay que juntar firmas o algún tipo de propuesta que la sociedad se pueda sumar, nosotros apoyaremos”.

La meda cautelar presentada por la Cámara de Comercio responde al eventual perjuicio que la Ley causaría a uno de sus socios, que pese a ofrecer idénticos servicios fúnebres que la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, la Legislatura aprobó que sea solo la entidad riograndense la única beneficiada.

El propio damnificado ushuaiense, por su cuenta y a través de sus letrados, hizo una presentación de inconstitucionalidad de la mentada Ley, entre otras varias arbitrariedades detectadas.

“El perjuicio es para la sociedad en general, no únicamente para los comercios” expresó González. Y junto a su entrevistador pasaron revista a los números de la inconcebible Ley que, como todo parece indicar, será promulgada.

La norma obliga a cada vecino de la provincia que tenga un medidor de luz, a pagar a partir de ahora un extra de $720 para solventar este servicio de sepelio social, tengan o no esos vecinos otro seguro de sepelio contratado con anterioridad. Si en Tierra del Fuego hay 67.000 medidores, como se calculó, la recaudación por este ítem en favor de la Dirección Provincial de Energía y de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, ascenderá a unos $48.240.000 por mes, unos $578.880.000 al año.

“Es un número muy superior al servicio que se va a ofrecer” alertó Daniel González. Es que, calculando que hubo en el último año 910 fallecimientos en Tierra del Fuego, y el valor promedio del servicio de sepelio ronda los $180.000, multiplicada la cifra asciende a $163.800.000. Es decir que habría un excedente de más de $400.000.000, de los que las entidades no deberán rendir cuenta. 

Con dos salvedades que agravan aún más el dislate: que los fallecimientos probablemente sean menos, dado que el último número corresponde al año de pandemia, y que parte de los pobladores que mueran, tenga ya algún seguro propio al respecto.

En tales sentidos es que el vicepresidente de la Cámara de Comercio finalmente fundamentó la preocupación del sector ante lo que consideran un verdadero atropello: “Una es el tema comercial, en donde el Estados se entromete de alguna forma en la actividad privada, en perjuicio en este caso de un socio en nuestro. Ese es el principal problema. Y después, los números, la recaudación muy superior al servicio que se va a prestar”.

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