En noviembre de ese año se adquirieron “67.008 botellas de Atazanavir 300 mg. a un valor de 55 dólares cada una, totalizando 3.685.440 dólares”, pero “48.272 frascos (el 72%) se vencieron e incineraron, produciendo una pérdida de 2.654.960 dólares”, indicó la denuncia judicial a la que accedió Télam. 

También menciona que la adquisición de los medicamentos resultó “desproporcionada” e “imprudente”, fruto de una “ineficaz planificación”, del “descuido del patrimonio que administraban y la ausencia de un análisis racional de las circunstancias a las que se enfrentaban”. 

La presidenta del Laboratorio, Marcela Andina Silva, explicó que en 2018 la sociedad adquirió dos lotes de unos 60 mil frascos de Atazanavir al laboratorio Bristol Myers Squibb (BMS). “Por el primero se pagaron 4,2 millones de dólares y se vendieron a la entonces Secretaría de Salud de la Nación por 3,8 millones, es decir que se trató de una operación a pérdida objetada por el Tribunal de Cuentas de la provincia que condenó a los exdirectivos al pago solidario de ese perjuicio”, sostuvo Andina Silva a Télam. 

También agregó que, con posterioridad, las autoridades nacionales avisaron que dejarían de adquirir el remedio porque “de acuerdo a informes de entidades internacionales, se estaba dejando de prescribir a pacientes con HIV y se lo estaba reemplazando por otras drogas”. 

“Igual se volvieron a comprar 66 mil frascos más a sabiendas de que el Ministerio de Salud ya no iba a adquirirlos. Cuando asumimos nosotros en 2020, los frascos tenían vencimiento próximo. Hicimos gestiones para devolverlos, o venderlos a otros clientes, pero la realidad es que eso ocurrió con muy poca cantidad y la mayoría tuvo que ser incinerada, generando el perjuicio del que hablamos”, señaló la titular del laboratorio público. 

La demanda judicial entablada por las actuales autoridades del organismo, a instancias de un dictamen de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno provincial, dio origen a la causa 29.169 que tramita en el juzgado Civil Nº 2 de la ciudad de Ushuaia, a cargo del juez Gustavo González, precisaron voceros judiciales. 

La causa involucra al expresidente del LFM, Carlos López, a la exvicepresidenta, María Clara López Ríos, y al exdirector Santiago Villa. 

Los tres exdirectivos también fueron condenados en un juicio de responsabilidad realizado por el Tribunal de Cuentas al pago solidario de 44,9 millones de pesos, según la resolución 012/22 del organismo de control que fue recurrida judicialmente por los involucrados. 

Ambas causas, la de la incineración de los medicamentos y la que trata la sanción administrativa, podrían ser unificadas y resueltas en forma conjunta por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, según anticipó el abogado Félix Santamaría, defensor de López y de López Ríos.