Preocupante y angustiante es la situación que se le presenta a centenares de familias que residen en Tierra del Fuego, a la hora de tener que enfrentar las actualizaciones del valor del alquiler de las propiedades. La poca oferta de inmuebles para vivienda, sumado a la inflación imperante, hace que los nuevos contratos se disparen a valores inalcanzables, lo cual deja a los inquilinos en peligro de quedarse, literalmente, en la calle.

 
El representante de la Asociación Vecinal de difusión “Que nos escuchen” de Ushuaia, Christopher Moreno, cuestionó la "falta de empatía" de parte de los propietarios e inmobiliarias, y advirtió que las familias tienen que abandonar la isla, porque no encuentran vivienda.

"No se está defendiendo a quienes alquilan, que son la mayoría. Hicimos una encuesta a finales del año pasado y llegamos a recolectar 5000 datos: el 70% está alquilando, dentro de esas personas, el 50% tiene familia con chicos”, sostuvo Moreno en diálogo con FM Master's.

En este sentido, expuso que los inquilinos tienen que asumir los gastos para que los dueños de inmuebles puedan afrontar la situación de crisis que atraviesa el país, y dejó ver que otra preocupación es que "las nuevas construcciones se están pensando para personas que vienen por un par de días".

"Aquellos que tienen hijos son los más complicados a la hora de conseguir donde vivir. Los controles del Gobierno son nulos y tampoco hay créditos hipotecarios o ampliación del ejido urbano. Hay familias que se están quedando en la calle y es muy triste, sin embargo está lleno de construcciones", analizó Moreno.

“Lo que más miedo nos da es que el propietario tiene la libertad de hacer y disponer a su antojo. No está respetando la ley en muchos aspectos, la gente se está volcando a los alquileres temporales y los martilleros están a favor de eso: hay entre 15 y 20 departamentos por edificio que se destinan al turismo", afirmó.

“Para los dueños es un negocio. Al inquilino le sirve que el aumento sea anual, pero esto no se cumple. Tenemos casos de personas a las que se les hace contrato por tres y seis meses y nadie los controla. Te dicen que hagas la denuncia, pero somos las personas con los sueldos más bajos y no alcanza la plata para pagar abogados”, insistió Moreno.