Lapetina quien desde el 2018 cumplía funciones en la fiscalía, y previo a ello pasó muchos años en el juzgado de instrucción 2 como sumariante de diversas causas penales, desde la época del ex juez Héctor Daniel Ochoa. 

A lo largo de esos años Lapetina instruyó innumerables expedientes judiciales y en la denuncia planteada hoy por su ex pareja, planteando que usualmente volviera a su domicilio con efectos y documentación de tribunales. Lapetina residía en una vivienda de calle Echelaine en el barrio Aeropuerto, la cual ocupó hasta marzo del 2020, cuando se liquida la sociedad conyugal de su matrimonio. 

La vivienda quedó en estado de abandono, nunca entregó la llave a su ex pareja, por lo que el IPV intimó a ocupar el domicilio bajo pena de des adjudicación. Ante ello la mujer ingresó a la vivienda el fin de semana y se encontró con un desorden generalizado. 

En medio de las tareas de limpieza se encontró con documentación judicial y distintos efectos, tras lo cual decidió llevar adelante la consulta a su abogado y a la justicia, constatándose que se trataba de expedientes originales que faltaban en el juzgado y habían sido asignados a esta persona años antes. Se procedió a allanar el domicilio, recuperándose 4 expedientes judiciales que debían estar en trámites; dos denuncias y otros por robos. 

Además del expediente original se encontraron sobres membretados de papel madera y bolsas termoselladas donde debieron estar guardados los elementos incautados en el marco de estas y otras causas. Aún debe realizarse un relevamiento judicial a fin de determinar que tipo de elementos de valor fueron sustraídos de estos empaques, pero ya se piensa en dinero en efectivo, celulares y demás objetos, ya que además fueron incautados varios chips de teléfonos. 

Tras confirmarse la acusación con el allanamiento efectuado, a Lapetina se le ordenó la detención en calidad de incomunicado debiendo responder por los delitos de; “violación de sellos y timbres de instrumento público”, “destrucción de pruebas”, “malversación de caudales públicos” y el principal que es “encubrimiento agravado”, el cual de por sí solo comprende una pena de 2 a 10 años de prisión. 

Daño incalculable: Hasta el momento solo se pudo determinar el perjuicio causado en estas 4 causas con los expedientes recuperados, pero deberá efectuarse una auditoría interna en este juzgado de instrucción 2 -que precisamente es el mismo que lleva la causa- a fin de poder precisar con cuantas causas pudo hacer lo mismo tras un paso por ese fuero de casi una década por parte de este empleado infiel. 

La maniobra era sencilla para un empleado experimentado, ya que buscaba causas con poco movimiento o sin partes que estuvieran atentas al movimiento de la misma. Luego de sustraído el expediente podía desde su computador borrar la causa en el sistema ante cualquier consulta que se intentara efectuar sobre la misma. La maniobra pasó desapercibida y ahora resta saber cuantas causas más pudieron ser rapiñadas de esta manera en este nuevo escándalo judicial.