El caso tuvo gran repercusión mediática en 2009. La Justicia de Mendoza había allanado dos viviendas que funcionaban como clínicas de abortos clandestinos y venta de bebés.

Los investigadores lograron desbaratar una banda, integrada por dos obstetras, enfermeras, familiares y vecinos que actuaban de cómplices.

La causa se extendió durante 15 años y, recién esta semana, hubo condena. No llegó a juicio oral. Fue por el procedimiento de juicio abreviado, un acuerdo entre las partes, en el que cuatro principales imputados reconocieron ser culpables.

Consiguieron la baja de la calificación de la pena y fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso, por lo que ninguno irá a la cárcel.

La denuncia que destapó la red y el comienzo de la investigación judicial es de febrero de 2009. Una llamada anónima alertó a la Policía de una clínica clandestina que funcionaba en un chalé de Guaymallén, en el Gran Mendoza.

En la banda delictiva había dos ginecólogos: Silvia Irene Lorenzo (69) y Ernesto Aveiro Porcel, quien falleció el año pasado a los 86 años.

"Cuando me muera, tírenme a las fieras. Total, ya estoy acostumbrada", tiene Lorenzo como una de sus citas favoritas en su perfil de Facebook, donde dice ser "viuda", cuenta que estudió en la Universidad Nacional de Córdoba y resume: "Defiendo los derechos de las mujeres".

También estaban los cuidadores de los recién nacidos y entregadores a cambio de dinero. Uno era el hijo de la ginecóloga Lorenzo, Diego Horacio Funes (45). La otra persona involucrada" era Roxana Ascanio (53), una vecina.

Usaban dos viviendas (una en la calle Sarmiento y la otra en Álvarez Condarco), ambas de la localidad de San José, Guaymallén, en el límite con la capital mendocina.

Cuando los policías allanaron una de las sedes de la falsa clínica, encontraron dentro de un moisés a una beba de apenas 20 días. Estaba sola y lloraba por hambre.

El mismo día, allanaron otra clínica y detuvieron a dos mujeres. Una de ellas era enfermera.

En una de las clínicas allanadas, los investigadores encontraron una sala de espera con sillones y unas pocas revistas viejas. En otra habitación, había una camilla con estribos para partos, material quirúrgico y desechos de placenta y gasas con sangre.

En los procedimientos, la Policía encontró a dos bebés indocumentados, que se presume iban a ser vendidos.

La investigación reveló que las embarazadas eran reclutadas en Mendoza y en las provincias vecinas.

Durante seis meses, en un trabajo conjunto entre la Policía de Mendoza y la Policía Federal, se siguieron varias pistas a partir de denuncias de mujeres que habrían abortado o entregado a sus bebés en estos sitios ilegales.

El dato se confirmó cuando encontraron a la beba que estaba sola en una de las falsas clínicas y, luego, al ingresar a otra vivienda y descubrir que la dueña de casa había escondido a un varón, de unos tres meses, debajo de la cama.

La sospechosa trabajaba en uno de los centros de aborto y no pudo justificar la filiación con el bebé. Es una de las condenadas.

Según los investigadores, a las mujeres que le tenían temor a un aborto y pedían auxilio en estas clínicas clandestinas se les recomendaba que continuaran el embarazo.

Y la Justicia determinó que las madres recibían dinero para cubrir los gastos de los meses de gestación y, una vez producido el parto, las enfermeras y los médicos se quedaban con el bebé.

Funes, el hijo de la obstetra, vivía en la planta alta de la vivienda que funcionaba como clínica clandestina y era el encargado de cuidar a los recién nacidos hasta que los entregaban a una familia compradora.

La médica y su secretaria Hilda Griselda Morán eran las encargadas de buscar a las parejas que iban a comprar a los niños. En ese momento, 2009, se mencionó un valor de 20 mil pesos por bebé.

Según consta en la causa, el precio que pedían a las familias que se apropiaban de esos bebés variaba según el color de piel y los ojos de los niños.

Realizaban un acta de nacimiento apócrifo para que los compradores pudieran tramitar el DNI.

La fiscalía los imputó por los delitos de asociación ilícita y facilitación, promoción o intermediación en la alteración de la identidad de un menor de 10 años.

Los cuatro acusados obtuvieron la libertad condicional mientras avanzaba el proceso penal. Y, en el avance de la causa, consiguieron que les quiten la calificación de asociación ilícita.

El pasado lunes fueron condenados a una pena baja: 3 años de prisión en suspenso, lo que les permite seguir en libertad.