La decisión judicial se enmarca en el amparo colectivo presentado la semana pasada por el gobernador Gustavo Melella, con el apoyo de la gran mayoría del arco político provincial, junto con organizaciones sociales y cámaras empresariales, informó además el portal “Boca de Pozo”.

Este medio agregó que la medida es “interina” porque fue tomada por la jueza sin correrle traslado a la parte demandada y mientras se tramita la cautelar incluida en el amparo, que consiste en la suspensión provisoria de los aumentos.

La resolución también le requiere a la parte demandada (la Secretaría de Energía, el Enargas y la empresa Camuzzi) que presenten el informe previo incluido en las leyes vigentes para dar su posición sobre el caso bajo análisis.

Borruto se había declarado ayer competente para intervenir en el amparo colectivo, contradiciendo la postura del fiscal Federal Marcelo Rapaport, quien en un dictamen consideró que el Juzgado de Río Grande no debía intervenir en el caso, al tratarse de un conflicto entre una provincia y la Nación, y por tanto competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia.

Al resolver la cuestión, la jueza entendió que “la prerrogativa de invocar la competencia originaria es facultativa y factible de ser renunciada y abdicada por quienes gozan de dicho privilegio”.

Y agregó que “la provincia no sólo interviene como parte por derecho propio, sino también, en representación de los usuarios y consumidores del servicio público de gas por redes de la subzona tarifaria “Tierra del Fuego”.

Según Borruto, sobre la materia bajo análisis “no existen dudas” de que corresponde la intervención de la justicia federal, ya que las demandadas son el Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS) y el Estado Nacional (Secretaría de Energía de la Nación) mientras que el transporte y distribución de gas natural “constituyen un servicio público nacional”.

Asimismo, “corresponde la intervención del Juzgado a mi cargo, porque el ENARGAS tiene una delegación en esta ciudad, y los actos que se dispongan en las resoluciones cuestionadas también producirán sus efectos aquí”, entendió la magistrada en una resolución a la que accedió este medio.

Sobre la admisibilidad del amparo, Borruto consideró que la conducta de la parte demandada “aparece susceptible de conculcar los derechos constitucionales de los usuarios y consumidores de gas por redes”, sin que ello implique adelantar un criterio sobre la decisión de fondo.

En tanto, sobre la legitimación de la provincia para representar a los usuarios de gas, dijo que está acreditada la “facultad de representación del colectivo” de acuerdo a las normas y los antecedentes vigentes.