El juez federal en lo contencioso administrativo, Martin Cormick, decidió habilitar la feria judicial para ejecutar la medida cautelar emitida por el juez Walter Lara Correa en la que obliga al gobierno a cumplir con los programas alimentarios vigentes del Ministerio de Capital Humano, discontinuados desde el mes de febrero lo que provocó un desabastecimiento en los comedores comunitarios y la vulneración del derecho a comer para cientos de miles de personas.

La habilitación de la feria había sido un pedido presentado por la UTEP y el CELS, que en dicha causa actúan como personería unificada. El fallo hace lugar a la medida cautelar solicitada por la Defensoría oficial, y pide "asegurar de una manera eficaz y sustentable el derecho a la alimentación adecuada del colectivo representado".

Además, "(ordena) al Ministerio de Capital Humano que continúe con los planes y programas denunciados como política pública para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes"

Y le pide, al ministerio que conduce Sandra Pettovello, "que asegure su efectiva ejecución (de las partidas alimentarias) evitando cualquier dilación, interrupción o recorte sustancial de la prestación alimentaria por cuestiones ajenas a las pautas fijadas por las leyes y resoluciones vigentes hasta tanto se dirima la cuestión de fondo del presente constitucional".

Qué dice el fallo judicial que ordenó repartir los alimentos

La semana pasada, el juez Lara Correa había determinado que Capital Humano debe garantizar el derecho a la alimentación de las personas que acuden a los comedores populares de todo el país. Para ello, advirtió que se deben continuar con los programas alimentarios así como con la entrega de millones de kilos comida que el gobierno de Javier Milei decidió retener en su embestida contra las organizaciones sociales y políticas. El magistrado resolvió: "Dispóngase que el Estado Nacional-Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas enunciados (...) los cuales deberán ser cumplidos de manera cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna".

La medida judicial de la semana pasada fue celebrada, en ese momento, por el dirigente Juan Grabois en sus redes sociales: “El fallo implica la inmediata restitución de la provisión de alimentos a los comedores comunitarios a través de todas las asociaciones que venían realizándolo. Desde luego esto no impide el correcto ejercicio de poder de auditoría a los comedores, pero es claro en cuanto no se puede generalizar y desabastecer al conjunto por las irregularidades que se detecten en unos pocos”, explicó el dirigente de Argentina Humana y abogado. “Es una nueva victoria jurídica que esperamos que el gobierno acate. (…) sino incurrirían en un nuevo hecho de incumplimiento de deberes de funcionario y eventualmente desobediencia”, dijo el dirigente.

Esta es la octava medida judicial en contra de la ministra de Capital Humano. Hasta ahora, también se pronunciaron desde los tribinales de Comodoro Py, así como en el fuero penal, aunque Pettovello se excusó y dijo que la Justicia "no puede intervenir" en decisiones de política pública.

Desde el CELS precisaron que desde diciembre pasado, distintos comedores y merenderos comunitarios dejaron de recibir mercadería mientras la necesidad de acceso a alimentos se incrementó producto de la crisis económica y social agudizada por el ajuste del propio gobierno. Tanto la UTEP como el CELS presentaron en febrero un amparo colectivo y el reclamo de una medida cautelar para que se garantice de manera urgente el derecho a la alimentación de todas las personas que asisten a estos espacios, con alimentos de calidad, adecuados y en cantidad suficiente.