Faltan apenas 40 días para que el Senado decida si la Argentina se suma o no a los países que no penalizan la práctica del aborto y el “poroteo” previo indica que el final sigue abierto. Es que hay 12 indecisos que definirán la pulseada, en la que por ahora existe paridad: 30 senadores se expresaron a favor de la despenalización y otros tantos en contra. La Cámara alta tiene 72 integrantes y para garantizar la mayoría se necesitan 37 votos.

Los senadores de Tierra del Fuego ya tienen el voto decidido: de los fueguinos, dos votarían a favor y una en contra.

Julio Catalán Magni ya hizo pública su posición de que votará a favor de la legalización, si bien a principios de año había manifestado lo contrario, afirmó que luego del debate reconsideró su postura. La misma posición adoptaría José “Nato” Ojeda del Frente para la Victoria. Mientras que la senadora Myriam Boyadjian, integrante activa de la comunidad cristiana, votará en contra.

En la sesión de ayer se fijaron las reglas de juego para el debate, que arrancará el próximo martes en un plenario de tres comisiones: Salud, Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales. Un acuerdo entre los bloque de Cambiemos y del PJ que conduce Miguel Pichetto dejó descolocada a la vicepresidenta Gabriela Michetti, que insistía en que también participara Presupuesto, encabezada por el antiabortista Esteban Bullrich, del PRO.

También se refrendó la negociación para un debate acotado: como negociaron el martes todos los bloques, habrá votación el 8 de agosto. Una semana antes, apenas concluido el receso invernal, alumbraría el dictamen de comisión. Aunque podría aterrizar en el recinto aún si no se llega a tiempo con el dictamen.

Con todo, mientras las espadas del Senado juegan a fondo para convencer a los indecisos de volcarse hacia un lado u otro, en las últimas horas emergieron voces -por ahora de segundas líneas- de legisladores que apoyan la despenalización, pero pretenden que el texto aprobado por los diputados sea retocado en al menos dos aspectos. Proponen la inclusión de la objeción de conciencia institucional (la media sanción la admite sólo a nivel personal) y el apoyo presupuestario a los hospitales provinciales para cumplir con la gratuidad del aborto, que de aprobarse la ley se habilitará hasta la semana 14 de gestación, de acuerdo a la media sanción de la Cámara baja.