La Justicia federal avaló la intervención a la empresa de correo OCA, vinculada a Hugo Moyano y que pertenece a Patricio Farcuh, solicitada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre la base de una amplia deuda impositiva y ocultamiento de información.

La decisión fue dispuesta por el juez Pablo Tejada, al considerarla necesaria porque la AFIP temía que la empresa postal continúe con un proceso de endeudamiento y vaciamiento. 

El magistrado basó su resolución al haber comprobado que la firma concursada ocultó bienes, omitió informaciones que el juez o el síndico le requerían, incurrió en falsedad y realizó actos en perjuicio evidente de los acreedores. Un dato no menor es que uno de los interesados en adquirir lo que queda de la empresa sería el ex dueño de Alibaba, Jack Ma.

Por lo tanto, resolvió admitir lo solicitado por la AFIP y decretó como medida cautelar la designación de un interventor administrador judicial de la empresa concursada, con tope en la fecha de vencimiento del período de exclusividad, en marzo del 2019. Además, desplazó a la actual administración social para la realización de todo tipo de actos que impliquen la disposición de fondos y activos líquidos con cualquier fin u origen.

OCA le debe a la AFIP una importante suma de dinero tanto por su deuda concursal como por la posconcursal. A días del vencimiento del plazo para regularizar su deuda, la situación fiscal de la compañía no ha cambiado. Su titular está actualmente procesado por el delito de retención indebida de tributos previsionales e impositivos, y embargado por unos $ 400 millones. 

Semanas atrás, cuando amplió la denuncia realizada por el ex coadministrador judicial Marcelo Eugenio Griffi, la AFIP denunció a Farcuh por el vaciamiento de su empresa, tras haber verificado numerosas maniobras de desvío de sumas millonarias de OCA entre 2016 y 2018 para fines ajenos a la compañía.

En el organismo recaudador creen que la intención de Farcuh va más allá de colocar a la empresa en una situación de incobrabilidad frente a sus obligaciones fiscales, sino que busca el vaciamiento deliberado de la firma. La denuncia advierte que el acusado contrató diversos proveedores apócrifos y no vinculados al giro comercial de OCA.

Entre otros, se constató la adquisición millonaria de bienes y servicios suntuarios para el propio titular de la firma, como la compra de motos deportivas de marca internacional, relojes costosos, servicios de vuelos aéreos para personas del ambiente artístico y político, además de servicios y bienes del exterior.

Las maniobras tendría como objetivo una evasión agravada en los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado, lo que motivó la ampliación de la denuncia en el marco de la Ley Penal Tributaria.