Los expertos en derechos humanos de la ONU en Ginebra han expresado su “alarma” por los campos de reeducación política que China mantiene en su provincia occidental de Xinjiang para miembros de la minoría musulmana uigur, y han reclamado que se ponga en libertad a quienes han sido detenidos “bajo la excusa de luchar contra el terrorismo y el extremismo religioso”.

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial ha citado “numerosas informaciones” creíbles que indican que esos campos podrían acoger desde decenas de miles a un millón de personas.

China niega la existencia de estos campos, pero sí declara que los autores de infracciones y delitos menores son enviados a “centros de educación vocacional y adiestramiento”.

El informe del comité se ha publicado este jueves tras una revisión de dos días a comienzos de agosto, la primera en nueve años, sobre el comportamiento del Estado chino acerca de la discriminación racial. En esa revisión, una de las expertas del panel, Gay McDougall, describió los campos como “una zona sin derechos”.

El presidente chino, Xi Jinping, pidió en marzo del año pasado una “Gran Muralla de Hierro” para salvaguardar la seguridad en Xinjiang.

Desde entonces, las autoridades chinas han detenido a decenas de miles de uigures y otras minorías en centros de reeducación, al margen del sistema judicial, donde son sujetos a intensas sesiones de propaganda china con el objetivo de desradicalizarlos, según han denunciado residentes, organizaciones de derechos humanos, académicos y medios de comunicación.

El académico Adrian Zenz, de la Escuela Europea de Cultura y Teología en Korntal (Alemania), calcula que el total de estos centros puede rondar los 1.200. Utilizando datos disponibles en los medios de comunicación chinos y páginas web de concursos de obra pública, Zenz ha encontrado 73 licitaciones sobre estos centros, con un valor conjunto mínimo de 682 millones de yuanes.

En sus conclusiones, los expertos se lamentan de la ausencia de datos oficiales y se hacen eco de las informaciones que hablan de un sistema de vigilancia en masa que se dirige “desproporcionadamente” contra los uigur, “incluidas frecuentes paradas de la Policía sin razón alguna y los escaneos de teléfonos móviles en comisarías”.

Otras denuncias que preocupan al comité incluyen la recolección obligatoria de datos biométricos entre grupos grandes de residentes uigures, informaciones de que todos los residentes de Xinjiang deben entregar sus pasaportes y documentos de viaje a la Policía y casos de uigur en el extranjero obligados a regresar a China contra su voluntad.

El comité recomienda a China “poner fin a la práctica de detener en centros de detención extra legales a individuos que no han sido a legalmente acusados, juzgados y declarados culpables”, así como poner en libertad a los que ya se encuentran en esa situación.

Exhorta también, entre otras cosas, a investigar las denuncias de discriminación étnica o religiosa, a poner fin a las restricciones de viaje que afectan de modo desproporcionado a los uigures y a dar a conocer el paradero de los estudiantes, refugiados y solicitantes de asilo que han regresado a China por exigencia del Estado en los últimos cinco años.

También pide a Pekín que promocione el número de personas retenidas contra su voluntad en los campos de reeducación, los cargos por los que se les mantiene allí y las condiciones de vida en esos centros.

China sostiene que Xinjiang es el objetivo de grupos separatistas islámicos —el Partido Islámico de Turkestán y el Movimiento Islámico de Turkestán Este— que buscan perpetrar atentados y crear tensiones entre la etnia uigur, originaria de esa provincia y de lengua emparentada con el turco, y los han, la etnia mayoritaria en China.

Pekín asegura que combate el terrorismo de acuerdo con el Estado de Derecho y acusa a fuerzas “antichinas” de estar detrás de una campaña de desprestigio contra su política en Xinjiang. El Gobierno sirio calcula que cerca de 5.000 uigur combaten en diversos grupos armados en Siria, según declaró el embajador de ese país en China, Imad Moustapha, el año pasado a Reuters.

En Estados Unidos, 17 legisladores, encabezados por el senador Marco Rubio y el congresista Chris Smith, han escrito una carta al presidente Donald Trump para reclamar sanciones contra los funcionarios chinos supuestamente responsables de la existencia de estos campos y de la actual “crisis de derechos humanos” en esa provincia.