Salvo que suceda un milagro, el presidente Mauricio Macri tiene pocas chances de ser reelecto el 27 de octubre y como consiguiente todos sus colaboradores tendrán que buscar nuevos horizontes. ¿Para dónde irán?

Entre las primeras líneas una de las grandes incógnitas es lo que sucederá con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cuyo destino electoral se encuentra atado al de Macri. Después de quedar casi a 20 puntos de diferencia del candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof, Vidal empieza a diagramar el operativo reconstrucción que la tendrá como la segunda dirigente más importante del ahora oficialismo detrás del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

 
Por estas horas, la principal preocupación de la mandataria provincial es encontrar una casa en donde vivir, ya que debe dejar la base militar de Morón y en cuanto a posibilidades laborales evalúa la creación de una ONG para seguir vinculada de lleno a la política.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es otra de las que mira. Si bien en un principio se especuló con una posible salida del país por temor a una “revancha narco” teniendo en cuenta los niveles de incautación récord de estupefacientes la propia ministra se encargó de remarcar que no teme por su vida.

En su cuenta de Twitter publicó un mensaje para buscar disipar dudas. “Hace casi cuatro años que trabajo para que los argentinos vivamos más seguros todos los días. No le tengo miedo a nadie, no me voy a ir a ningún lado y voy a seguir trabajando junto al Presidente porque los Argentinos no merecemos volver atrás”, tuiteó.

 Quien sí saldrá del país es el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, que aprovecharía su nacionalidad brasileña. Un dato a tener en cuenta es que ese país tiene una política restrictiva en cuanto a las extradiciones para sus ciudadanos; por lo que el jefe de los espías podría estar seguro. No obstante ello, a principio de año Argentina y Brasil firmaron por primera vez un acuerdo de extradición.

En lo que respecta a la lucha contra la corrupción hay dos apuntados principalmente. Una es la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso. Desde su nombramiento irregular, no es abogada y ese era un requisito indispensable para asumir la presidencia de ese organismo, hasta la falta de interés por las denuncias de corrupción contra la administración de Macri la pusieron, según ella, a la cabeza del “ministerio de la venganza”. Al margen del resultado electoral ella ya tenía pensada un cargo internacional para salir del país.

 En ese orden el siguiente es el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federeci. El recientemente nombrado presidente del Grupo Egmont, institución que nuclea a todas las unidades especializadas de cada país en materia de combate contra el lavado de dinero, al asumir dejaría su cargo actual y tendrá que radicarse en Canadá.

 No obstante ello hay dos puntos que lo hacen uno de los blancos predilectos de la posible futura presidencia de Alberto Fernández. En primer lugar, la UIF durante su presidencia recuperó su funcionamiento normal después de haber quedado en la lista negra de la cooperación financiera internacional por los desmanejos del ex titular, José Sbatella, quien se encuentra a la espera de que comience un juicio oral en su contra por abuso de autoridad y violación de secretos.

Eso le valió el retorno definitivo al Grupo Egmont. Pero además Federici impulsó una centena de investigación en estos cuatro años contra narcotraficantes, contra ex funcionarios de la administración kirchnerista y hasta contra sindicalistas entre ellos Hugo y Pablo Moyano.