En función de ello, “el número total de cargos presupuestarios útiles del Poder Ejecutivo, con excepción del escalafón docente”, para el ejercicio en curso ascenderá a 11.136. De los nuevos cargos, 405 “podrán ser utilizados para la finalidad y función Salud” donde hay mas de 690 nuevos cargos creados de directores y personal jerárquico (VER)  y 140 en Seguridad. 

Además, plantea la necesidad de que se autoricen “una serie de herramientas paliativas de la situación actual” propuestas por el Ministerio de Finanzas para “asegurar el normal funcionamiento del Estado Provincial, y los sistemas esenciales de Salud, Educación, Seguridad y Servicio Social, entre otros, como así para la redistribución eficiente del crédito presupuestario vigente en materia del plan de obras, dados los múltiples acuerdos celebrados con el Estado Nacional, que requieran la readecuación presupuestaria, maximizando el aprovechamiento del crédito presupuestario desatinado a la obra pública, la infraestructura provincial y la vivienda”. 

En ese marco requiere que el Parlamento autorice al Ejecutivo “a disponer la cesión de activos a favor de uno o más fideicomisos para la adecuación de los recursos obtenidos” por la emisión del bono TFU 27, de 200 millones de dólares, “o mediante la afectación de otros recursos de libre disponibilidad, o por incorporación de nuevos recursos a percibir por parte de la provincia, con el objeto de financiar inversiones en el ámbito provincial, ya sea en beneficio de los acreedores y los proveedores de la provincia, así como de una mejor administración de tales recursos, en condiciones que resulten ventajosas a los intereses de la Provincia”. 

Otra de las herramientas a autorizar tiene que ver con la posibilidad de “realizar la conversión de crédito público de corto plazos a operaciones de largo plazo” por hasta 7 mil millones de pesos y “preservando el principio de sustentabilidad de la deuda pública provincial”. 

Esta conversión deberá ser en moneda nacional, con 12 meses de plazo mínimo de amortización y podrá ser garantizada con los fondos de coparticipación federal, pero sin afectar los que corresponden a los Municipios. 

Propone también establecer un plazo máximo de 30 días para que la Legislatura autorice la cobertura de vacantes que se produzcan únicamente en entes descentralizados y autárquicos, no en la administración central. Vencido ese plazo sin que haya existido manifestación expresa del Parlamento se tendrá por otorgada la autorización.