"El gobierno de Córdoba nunca se comunicó con ninguno de nosotros y ahora dicen que van a ser querellantes. Es un burla. Se burlan de nosotros", dice Raúl, papá de Fran, el bebé nacido y fallecido el 18 de marzo, en lo que constituye el primer caso que investiga la justicia de bebés sanos fallecidos por mala praxis o intencionalidad. A su alrededor, los carteles frente al Hospital Materno Neonatal "Dr. Ramón Carrillo" de Córdoba reclaman que no quede "impune".

La Justicia investiga al menos cinco fallecimientos ocurridos entre marzo y junio por causas, pero las cartulinas que los familiares exhibían en el abrazo hablan de recién nacidos sanos que murieron en 2020 y en 2021.

Cerca del mediodía, un grupo de madres y padres ingresaron al hospital, llevando los carteles con los nombres de los bebés fallecidos y sus reclamos, al grito de "Justicia, justicia", llegaron hasta la oficina del nuevo director, Esteban Ruffin, y lo increparon por la falta de información.

"No lo culpamos a usted pero queremos saber por qué nunca dijeron nada. Hace dos años falleció mi hijo y no tuve ninguna respuesta", inquirió uno de los padres. 

Ruffin fue nombrado por el Ministerio de Salud de Córdoba tras el apartamiento de la directora Liliana Asís y el vice Alejandro Escudero para "garantizar la imparcialidad en el proceso administrativo". Y se comprometió frente a los padres "a entregar toda la evidencia para que esto se resuelva lo antes posible porque lo necesitamos igual que ustedes. Es una situación muy angustiante".

El funcionario también remarcó que desde el centro de salud "nadie está obstruyendo nada" y que entregó todo el material que le fue solicitado por la Justicia. Y pidió a los padres que designen representantes para mantener abierto un canal de diálogo e informarles de las novedades respecto del caso. 

Casos anteriores

En el abrazo fuera del hospital se agruparon no sólo familiares de los cinco bebés cuyos casos entre marzo y junio iniciaron la investigación judicial, sino también familiares de recién nacidos que fallecieron antes.

"Yo pedí autopsia de mi sobrina y me dijeron que no se podía hacer, que no era necesario porque era muerte natural. Me negaron la autopsia porque era generar más dolor a la familia", cuenta a Clarín Mariana, tía de Cataleya, nacida en el hospital el 4 de septiembre de 2021.

La bebé había nacido por cesárea y a pesar de que los estudios daban cuenta de una niña sana, la familia fue informada de que había nacido sin vida. "La autopsia dice que murió por hipoxia durante el parto y no que estaba muerta en la panza como nos dijeron", agrega la mujer.

Genaro nació y falleció el 7 de septiembre de 2020. Su mamá, Ayelén González, denunció penalmente que en el hospital se negaron a realizarle una cesárea de urgencia que "necesitaba". "Me dieron una inyección y me pidieron que volviera al día siguiente para hacerme una ecografía. Cuando llegué la mañana siguiente ya fue tarde", asegura.

Entre otros motivos que la hacen dudar de una intencionalidad la mujer apunta que la orden médica que le hicieron el día anterior, 6 de septiembre de 2020, está fechada el día siguiente. "Significa que quisieron ocultar que me mandaron a mi casa sin atenderme", afirma.

Las familias se reúnen alrededor de las cámaras y aplauden al grito de "Justicia". Esta mañana reina la indignación entre los padres por la decisión de la provincia. "No creo que el fiscal los acepte como querellantes. Es todo teatro", dice una familiar.

Repercusiones políticas

Este martes, representantes de Juntos por el Cambio Córdoba reclamaron en una conferencia de prensa el apartamiento del ministro de Salud provincial, Diego Cardozo. “Nos parece adecuado que el ministro de Salud de la Provincia se aparte de la responsabilidad y el cargo que ocupa. Hubo una actitud negligente”, dijo el diputado radical Rodrigo De Loredo.

Al igual que los padres, los referentes de la coalición opositora rechazaron que la provincia quiera constituirse en querellante por considerarlo "una obstrucción" para una investigación independiente.

También como expresaron los padres, acusaron a las autoridades provinciales de ocultar información. “Hubo negación de información temprana, que el Gobierno prefirió ocultar”, denunció De Loredo, quien también apuntó a "una falta de control, de notificación y que no se dispararon los protocolos respectivos”.